Si un trabajador muere en tu empresa, ¿puedes ir a prisión?

Es probablemente uno de los peores escenarios que puede afrontar un administrador. Se produce un accidente laboral grave, un trabajador fallece y, de repente, aparecen preguntas que hasta ese momento quizá nunca se habían planteado: ¿quién tenía que haber evitado el accidente?, ¿estaba correctamente organizada la prevención?, ¿se habían evaluado los riesgos?, ¿se habían adoptado las medidas necesarias? Y, sobre todo, ¿puede responder personalmente el administrador?

La respuesta no es automática. El fallecimiento de un trabajador no convierte por sí solo al administrador en responsable penal. Para que exista responsabilidad penal será necesario analizar las circunstancias concretas del accidente, las obligaciones que correspondían a cada persona, las medidas preventivas existentes, las decisiones adoptadas y la relación entre una eventual infracción y el resultado producido.

Pero que la responsabilidad no sea automática tampoco significa que el administrador pueda desentenderse de la prevención por el hecho de que la empresa tenga personalidad jurídica, trabajadores especializados o un servicio de prevención contratado.

La responsabilidad penal del administrador puede llegar a plantearse cuando existen incumplimientos relevantes de las obligaciones de seguridad y concurren los requisitos de alguno de los delitos previstos en el Código Penal.

¿Qué responsabilidad puede tener un administrador por un accidente laboral?

La primera cuestión que conviene aclarar es que existen diferentes tipos de responsabilidad que pueden derivarse de un accidente laboral: administrativa, civil y, en determinados casos, penal.

No deben confundirse. Una infracción de la normativa de prevención puede dar lugar a una sanción administrativa, mientras que determinados daños pueden generar responsabilidades civiles. La vía penal, por su parte, exige que los hechos encajen en un delito y que pueda atribuirse personalmente la conducta a quien se considera responsable.

En materia preventiva, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y adoptar las medidas necesarias para su protección. Este deber comprende, entre otras cuestiones, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, la información y formación de los trabajadores y la adopción de medidas de protección.

Por tanto, cuando se produce un accidente grave, la pregunta no debería ser simplemente “¿quién es el administrador?”, sino “¿quién tenía las obligaciones y capacidad de decisión relacionadas con el riesgo que finalmente se materializó?”

¿Cuándo existe responsabilidad penal del administrador?

Ser administrador de una sociedad no significa responder penalmente por todo lo que sucede dentro de ella.

La responsabilidad penal es personal y debe analizarse atendiendo a la conducta concreta de cada persona. En el ámbito de la seguridad de los trabajadores, el Código Penal contempla expresamente la responsabilidad penal del administrador, administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos y de quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubieran adoptado medidas para ello.

Por eso, para determinar si un administrador puede responder penalmente habrá que estudiar cuestiones como:

• Qué funciones tenía realmente atribuidas.
• Qué capacidad de decisión tenía sobre la actividad.
• Qué riesgos existían en la empresa.
• Si esos riesgos estaban identificados.
• Qué medidas preventivas se habían implantado.
• Si se habían detectado deficiencias previamente.
• Si el administrador conocía o debía conocer determinadas situaciones de riesgo.
• Qué medidas podía adoptar para corregirlas.
• Y qué relación existe entre la conducta atribuida y el accidente.

Esto es especialmente importante en empresas donde la dirección está distribuida entre varias personas. El administrador puede no encargarse personalmente de la prevención, pero habrá que determinar cuál era su posición dentro de la organización y qué obligaciones conservaba.

Delito contra la seguridad de los trabajadores: ¿puede afectar al administrador?

Sí, en determinadas circunstancias. El artículo 316 del Código Penal castiga a quienes, infringiendo las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, cuando con ello se ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física. La pena prevista es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Hay un aspecto importante: este delito no exige que haya fallecido un trabajador.

El tipo penal se centra en la creación de un peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Por tanto, puede existir un problema penal en materia de prevención incluso aunque finalmente no se produzca un accidente mortal.

El artículo 317 contempla además el supuesto en el que esta conducta se cometa por imprudencia grave, con la pena inferior en grado. Para un administrador, esto significa que la prevención de riesgos laborales no debería abordarse únicamente desde la perspectiva de evitar sanciones administrativas. En determinadas circunstancias, un incumplimiento grave puede tener consecuencias penales personales.

¿Y si el accidente laboral provoca la muerte de un trabajador?

Cuando existe un fallecimiento, el análisis penal puede adquirir una dimensión adicional.

El artículo 142 del Código Penal establece que quien por imprudencia grave cause la muerte de otra persona puede ser condenado por homicidio imprudente, con pena de prisión de uno a cuatro años. Cuando el homicidio se comete por imprudencia profesional, puede imponerse además la inhabilitación especial correspondiente.

Esto no significa que cualquier accidente laboral mortal constituya automáticamente un homicidio imprudente.  Será necesario determinar si existió una conducta que pueda calificarse jurídicamente como imprudencia grave y si existe una relación causal entre esa conducta y el fallecimiento. También habrá que determinar quién realizó la conducta o quién tenía el deber jurídico de evitar el resultado.

Por eso, en un accidente laboral mortal es especialmente importante individualizar las responsabilidades. No todas las personas que forman parte de la empresa ocupan la misma posición ni tienen necesariamente las mismas obligaciones.

¿Puede el administrador ir a prisión aunque no estuviera en el lugar del accidente?

Sí puede llegar a existir responsabilidad aunque el administrador no estuviera físicamente en el lugar donde ocurrió el accidente.

La razón es que determinadas responsabilidades pueden derivarse no de haber ejecutado materialmente una acción, sino de haber omitido medidas que correspondían a quien tenía un determinado deber de actuación y capacidad para intervenir.

Por ejemplo, imaginemos una empresa industrial en la que un trabajador sufre un accidente con una máquina que presentaba una deficiencia de seguridad conocida desde hacía meses. El administrador no estaba en la fábrica el día del accidente y no manejó personalmente la máquina. Eso, por sí solo, no permite concluir ni que sea responsable ni que esté exento.

Habrá que determinar quién conocía la deficiencia, quién debía corregirla, quién tenía capacidad para hacerlo y qué decisiones se adoptaron.

La ausencia física del administrador durante el accidente no es, por tanto, el elemento decisivo.

Lo relevante será su posición dentro de la organización y las obligaciones y competencias que realmente tenía.

¿Tener contratado un servicio de prevención evita la responsabilidad del administrador?

No necesariamente. Es una de las dudas más frecuentes entre empresarios: “Yo tengo contratado un servicio de prevención. Si ocurre algo, ¿la responsabilidad es del servicio de prevención?”. La respuesta no puede darse de forma general.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite al empresario organizar la actividad preventiva mediante diferentes sistemas, entre ellos la contratación de un servicio de prevención ajeno. Sin embargo, la propia ley establece que la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios especializados y el recurso a entidades externas no eximen al empresario de su deber de protección.

Esto no significa que un servicio de prevención no pueda tener responsabilidad propia cuando corresponda. Significa que la existencia del contrato, por sí sola, no resuelve el análisis.

Después de un accidente habrá que comprobar cómo estaba organizada realmente la prevención, qué funciones tenía atribuidas cada persona, qué riesgos habían sido identificados, qué recomendaciones se habían realizado y qué medidas se habían implantado.

No basta con tener documentación preventiva. Hay que comprobar que la prevención funciona en la práctica.

¿Qué importancia tiene la evaluación de riesgos?

Mucha. La evaluación de riesgos no debería entenderse como un documento que se realiza una vez y permanece archivado durante años.

La Ley de Prevención exige que la evaluación se actualice cuando cambian las condiciones de trabajo y que se revise cuando se hayan producido daños para la salud de los trabajadores, cuando resulte necesario. Además, si la evaluación pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas, estas deben integrarse en la actividad de la empresa.

Pensemos, por ejemplo, en una empresa que incorpora una nueva máquina, modifica un proceso productivo o cambia la organización de un determinado puesto. Si esos cambios introducen nuevos riesgos, la organización preventiva debe adaptarse.

En una investigación posterior a un accidente, puede ser relevante conocer qué riesgos estaban identificados antes del accidente y qué medidas se habían adoptado para controlarlos.

Por eso, la prevención debe ser dinámica y estar conectada con lo que ocurre realmente en la empresa.

Formación, equipos de protección y medidas de seguridad: ¿quién responde?

La responsabilidad tampoco se determina simplemente comprobando si existe un documento firmado.

La empresa debe garantizar que los trabajadores reciben información sobre los riesgos de su puesto y formación preventiva suficiente y adecuada. También debe proporcionar los equipos de protección necesarios cuando proceda y garantizar que los equipos de trabajo sean adecuados y seguros para la actividad desarrollada.

Por ejemplo, no es lo mismo poder acreditar que un trabajador recibió formación preventiva al incorporarse a la empresa que demostrar que recibió formación específica cuando cambió de puesto, se introdujo una nueva tecnología o comenzó a utilizar un equipo con riesgos diferentes.

En caso de accidente, habrá que analizar la situación concreta: qué formación recibió el trabajador, qué instrucciones tenía, qué equipo utilizaba, qué medidas existían y cómo se aplicaban en la práctica.

La documentación es importante, pero debe corresponderse con una prevención efectiva y adaptada al puesto de trabajo.

¿Qué ocurre si el trabajador incumplió las medidas de seguridad?

También es una cuestión que debe analizarse caso por caso.

Los trabajadores tienen obligaciones en materia preventiva y deben utilizar correctamente los equipos y medios de protección siguiendo las instrucciones recibidas. La propia Ley de Prevención recoge estas obligaciones.

Sin embargo, la conducta del trabajador no permite automáticamente descartar cualquier responsabilidad empresarial.

La empresa mantiene sus obligaciones preventivas y debe adoptar medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Además, la normativa exige que la efectividad de las medidas preventivas tenga en cuenta determinadas distracciones o imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores.

Por eso, después de un accidente no debería asumirse de entrada que “el trabajador no cumplió las instrucciones y, por tanto, la empresa no tiene responsabilidad”.

Será necesario reconstruir qué ocurrió realmente y qué medidas preventivas existían, así como verificar en la práctica la tolerancia del incumplimiento de las medidas en su caso. 

¿Qué documentación debería revisar un administrador?

Desde una perspectiva preventiva, un administrador debería conocer al menos cómo está organizada la prevención de su empresa y quién tiene asignadas las funciones correspondientes.

Entre la documentación y elementos que conviene revisar se encuentran:

• Plan de prevención.
• Evaluaciones de riesgos.
• Planificación de la actividad preventiva.
• Medidas de protección.
• Formación e información de los trabajadores.
• Entrega y control de equipos de protección individual.
• Revisiones y mantenimiento de equipos de trabajo.
• Procedimientos e instrucciones de trabajo.
• Coordinación de actividades empresariales cuando proceda.
• Comunicaciones de incidencias o deficiencias.
• Accidentes o situaciones de riesgo anteriores.
• Informes y recomendaciones del servicio de prevención.
• Medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.

La Ley de Prevención establece además obligaciones específicas de documentación y conservación de determinados registros relacionados con la actividad preventiva.

La finalidad no es acumular papeles. La documentación debe permitir demostrar cómo estaba organizada la prevención y qué medidas se habían adoptado. De hecho, para este tipo de situaciones, contar con un compliance penal resulta muy útil. 

¿Qué errores pueden aumentar el riesgo de responsabilidad penal?

Uno de los errores más frecuentes es considerar la prevención como una cuestión exclusivamente documental.

Tener una evaluación de riesgos, un contrato con un servicio de prevención y varios documentos firmados no garantiza por sí mismo que los riesgos estén correctamente gestionados. Si existe una deficiencia conocida y nadie actúa para corregirla, el problema puede ser muy diferente.

Otro error consiste en no revisar la prevención cuando cambia la actividad. La incorporación de maquinaria, nuevos procesos, productos, instalaciones o formas de trabajo puede exigir una actualización de la evaluación y de las medidas preventivas. La normativa obliga a adaptar la prevención a las circunstancias que afectan a la realización del trabajo.

También puede resultar especialmente problemático ignorar advertencias previas.

Un correo de un trabajador, una incidencia registrada, una recomendación del servicio de prevención o un requerimiento que pone de manifiesto un riesgo pueden adquirir importancia cuando posteriormente se investiga un accidente.

Por eso, no actuar ante un riesgo conocido puede ser mucho más relevante que simplemente no tener un documento actualizado.

¿Qué debería hacer un administrador para prevenir su responsabilidad?

La prevención de la responsabilidad penal no consiste en que el administrador controle personalmente cada actividad de la empresa.

Consiste en asegurarse de que existe una organización preventiva adecuada, que las funciones están correctamente distribuidas, que quienes tienen responsabilidades cuentan con medios suficientes y que las deficiencias detectadas se corrigen.

El administrador debería conocer, al menos, cuáles son los principales riesgos de la actividad de su empresa, cómo se gestionan y quién tiene atribuida la responsabilidad de cada actuación preventiva.

También debería establecer mecanismos para que las incidencias relevantes lleguen a quienes tienen capacidad de decisión y para que las medidas correctoras puedan comprobarse.

La prevención debe integrarse en la organización empresarial. La Ley 31/1995 exige precisamente que el plan de prevención incluya la estructura organizativa, responsabilidades, funciones, procedimientos y recursos necesarios para desarrollar la actividad preventiva.

En otras palabras: delegar funciones no debería significar dejar de controlar cómo funciona el sistema preventivo.

¿Qué hacer si ya se ha producido un accidente laboral grave?

Cuando el accidente ya ha ocurrido, la prioridad es atender las obligaciones legales y asistenciales correspondientes. Pero para el administrador comienza también una situación jurídica que debe gestionarse con especial cuidado.

En primer lugar, es importante no improvisar explicaciones sobre las causas del accidente ni atribuir responsabilidades sin conocer los hechos.

También debe preservarse la documentación relacionada con la prevención y con el accidente. Evaluaciones de riesgos, instrucciones, registros de formación, comunicaciones, mantenimiento de equipos y documentación del servicio de prevención pueden ser relevantes para reconstruir lo ocurrido.

La propia Ley de Prevención establece que, cuando se produce un daño para la salud de los trabajadores, el empresario debe investigar sus causas para detectar posibles deficiencias preventivas.

Si además existen actuaciones de la Inspección de Trabajo, diligencias judiciales o intervención del Ministerio Fiscal, la situación adquiere una dimensión que requiere un análisis jurídico específico.

En estos casos, el administrador debería conocer qué se le atribuye, qué documentación existe y cuál es exactamente su posición dentro de la organización, antes de realizar afirmaciones que puedan condicionar posteriormente su defensa.

Responsabilidad penal del administrador: prevenir antes de que ocurra el accidente

La responsabilidad penal del administrador en materia de accidentes laborales no puede analizarse desde una regla tan sencilla como “si muere un trabajador, el administrador va a prisión”.

La realidad jurídica es mucho más concreta.

Puede existir responsabilidad penal del administrador cuando concurren los requisitos de un determinado delito y la conducta puede atribuirse personalmente a quien tenía las obligaciones y capacidad de actuación correspondientes. En materia de prevención, el Código Penal contempla específicamente determinadas conductas que ponen en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores y, cuando se produce un fallecimiento, puede entrar en juego también el análisis de un posible homicidio imprudente.

Por eso, para un administrador, la prevención no debería limitarse a cumplir formalmente con la normativa.

La cuestión es más sencilla y, al mismo tiempo, más exigente:

¿Está mi empresa realmente organizada para identificar los riesgos, actuar frente a ellos y poder acreditar qué se ha hecho para evitarlos?

Si la respuesta genera dudas, el momento adecuado para revisar la situación es antes de que ocurra un accidente, no después.

¿Eres administrador y te preocupa tu responsabilidad penal?

Un accidente laboral puede generar consecuencias para la empresa, pero también puede plantear cuestiones de responsabilidad personal del administrador cuando existen indicios de una conducta penalmente relevante.

Por eso, la prevención no debería consistir únicamente en tener la documentación exigida. Es necesario comprobar que la organización preventiva se corresponde con la actividad real de la empresa, que las funciones están correctamente atribuidas y que las deficiencias detectadas se corrigen.

En Nomoi Abogados asesoramos a empresarios, administradores y sociedades en la prevención y gestión jurídica de situaciones que pueden generar responsabilidad personal, dentro de nuestra práctica de Derecho Mercantil y empresarial.

Si eres administrador y tienes dudas sobre la organización preventiva de tu empresa, has recibido un requerimiento relacionado con un accidente o se ha producido un accidente laboral grave, conviene analizar tu situación jurídica antes de sacar conclusiones.

La responsabilidad penal del administrador no se determina por el cargo que ocupa, sino por los hechos, las obligaciones que tenía y su conducta ante el riesgo